En una decisión histórica y de carácter urgente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el sábado 3 de enero, ordenó que la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma y ejerza de forma inmediata el cargo de Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.
La medida, dictada este sábado tras una ponencia conjunta de los magistrados de la Sala Constitucional, surge como respuesta institucional a la ausencia forzosa del presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, tras confirmarse su secuestro durante una agresión militar estadounidense perpetrada en la madrugada del sábado 3 de enero del año en curso.
Certeza constitucional ante situación excepcional
El máximo tribunal, en ejercicio de su potestad interpretativa (Art. 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), calificó el secuestro del mandatario como un hecho público y notorio, que configura una situación de fuerza mayor no prevista literalmente en el texto constitucional.
Ante la imposibilidad material y temporal de que el Presidente Maduro ejerza sus funciones, el TSJ ha establecido una hoja de ruta, para preservar el orden constitucional y la estabilidad del Estado.
En su fallo, la Sala destaca los siguientes puntos clave:
Continuidad Administrativa: Se designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, para asumir todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo Presidencial.
Medida de Protección: La decisión se dicta como una actuación cautelar urgente y preventiva para la defensa integral de la Nación y la seguridad de los ciudadanos.
Marco Legal: El TSJ fundamenta la decisión en una interpretación sistemática de los artículos 234 y 239 de la Constitución, los cuales atribuyen a la Vicepresidencia la función de suplir las faltas del Presidente.
Notificación al poder público y mando militar
El Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado la notificación inmediata de esta sentencia a la ciudadana Vicepresidenta Ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional.
Ello con el fin de asegurar el cumplimiento inmediato de la resolución en todo el territorio nacional.
Con este pronunciamiento, el Poder Judicial busca disipar cualquier incertidumbre jurídica y fortalecer las instituciones del Estado frente a la grave amenaza externa que enfrenta el país, garantizando que la gestión de gobierno y la soberanía nacional permanezcan inquebrantables.
